Política pública con perspectiva de derechos humanos

La política pública con perspectiva de derechos humanos tiene su origen en la Convención de Viena de 1993, donde se acordó que los Estados tienen la obligación de crear programas de derechos humanos. Esta idea supone que para realización de los derechos humanos no sólo se requiere de instituciones de enforcement adecuadas que atiendan los casos particulares (o colectivos de violaciones) sino también de programas de política pública consistentes con la realización de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

La idea de que haya programas (o planes) nacionales de derechos humanos supone dos cosas, que nos encontramos ante un nuevo tipo de violaciones de derechos humanos, ya no ante un régimen autoritario o dictatorial que transgrede sistemáticamente derechos humanos para mantener el control del poder político, sino ante violaciones cotidianas de derechos humanos realizadas en un régimen democrático; y también que en todos los Estados (por más democráticos e igualitarios que sean) hay violaciones a derechos humanos (aunque en grados diferentes), por lo que se requiere un diagnóstico que identifique las causas de la violación y políticas públicas de Estado que permitan el ejercicio efectivo del derecho (Comité, 2008: 33). Con estos fines comenzaron a hacerse programas o planes nacionales de derechos humanos en Australia (1993), Malawi (1995), Letonia (1995), Filipinas (1996), Brasil (1997), Ecuador (1998), Indonesia (1998), Sudáfrica (1998), Venezuela (1999) y Bolivia (1999) . México no escapó a esta ola, elaboró planes nacionales de derechos humanos en 1998, 2004 y 2008. Además, uno de los más conocidos ejercicios de planificación participativa se elaboró entre 2007 y 2009 en el Distrito Federal.

Lo cierto es que la planificación con perspectiva de derechos humanos genere nuevos desafíos, especialmente en torno a cómo operacionalizar los aspectos fundamentales de los derechos humanos como las obligaciones internacionales, los elementos institucionales, los principios como la cultura de derechos humanos o la participación así como criterios propios como la universalidad, la integralidad, la interdependencia, o la progresividad y la prohibición de regresión. De todo este tipo de dudas se ocupa este proyecto de investigación.